Emma Alvarez TeamLa reciente declaración de culpabilidad de Ángel del Villar, fundador y CEO de DEL Records, junto con su empresa, marca un hito en la intersección entre la industria musical y el crimen organizado. Este veredicto expone las profundas conexiones que algunos sectores del entretenimiento han mantenido con actividades ilícitas, desafiando la integridad de la música regional mexicana.
Del Villar, originario de Zacatecas y radicado en California desde su infancia, construyó un imperio musical que impulsó las carreras de artistas prominentes como Gerardo Ortiz y Ariel Camacho. Sin embargo, detrás del éxito aparente, se ocultaban vínculos preocupantes con figuras del narcotráfico. La acusación principal se centra en sus negocios con Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho”, un promotor musical señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018 por presunto lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En junio de 2022, Del Villar y Luca Scalisi, director financiero de DEL Entertainment, fueron arrestados por conspirar para realizar transacciones con propiedades de narcotraficantes designados . A pesar de las advertencias del FBI en 2018 sobre los riesgos legales de asociarse con Pérez Alvear, Del Villar continuó promoviendo conciertos y realizando negocios con él, evidenciando una flagrante indiferencia hacia la ley.
La implicación de Gerardo Ortiz, quien se declaró culpable de conspiración por violar la Ley Kingpin al colaborar con Del Villar y Pérez Alvear, añade otra capa de complejidad a este entramado. Ortiz admitió haber realizado 19 conciertos bajo estas condiciones, lo que subraya la magnitud de la red de complicidad dentro de la industria.
Este caso no solo desacredita a los individuos involucrados, sino que también arroja una sombra sobre el género regional mexicano en su conjunto. La música, como expresión cultural, debería ser un vehículo de identidad y orgullo, no una fachada para actividades ilícitas. Es imperativo que la industria reflexione y se desmarque de cualquier asociación con el crimen organizado, restaurando así su integridad y el respeto del público.
La sentencia contra Del Villar y DEL Records debe servir como un recordatorio contundente de que nadie está por encima de la ley. La justicia ha enviado un mensaje claro: las conexiones con el narcotráfico y el lavado de dinero no serán toleradas, independientemente del estatus o la fama. Es hora de que la industria musical haga una introspección profunda y tome medidas decisivas para erradicar cualquier vínculo con actividades delictivas, protegiendo así su legado y futuro.
